Transparencia y acceso a la

Información pública Información pública

MECANISMOS DE CONTACTO

NORMATIVIDAD

SUJETOS OBLIGADOS DEL ORDEN NACIONAL


Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada bajo la forma de corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna rama del poder público, por tanto no es destinataria de la Ley 489 de 1998 y no hace parte de ningún sector de la administración pública

En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Comunicado de norma alojada en SUIN

SUJETOS OBLIGADOS DEL ORDEN TERRITORIAL


OTROS SUJETOS OBLIGADOS


MECANISMOS DE CONTROL

INFORMES DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y AUDITORÍA


Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal

REPORTES DE CONTROL INTERNO


Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas.  No ejecuta recursos del presupuesto general de la Nación, ni presupuestos de las Entidades territoriales, es decir no ejecuta recursos del tesoro público. No es ente sometido a la Ley 87 de 1993 ni a la Ley 1474 de 2011

PLANES DE MEJORAMIENTO


Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control

Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas.  No ejecuta recursos del presupuesto general de la Nación, ni presupuestos de las Entidades territoriales, es decir no ejecuta recursos del tesoro público. No es ente sometido a la Ley 87 de 1993 ni a la Ley 1474 de 2011

ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN


INFORMACIÓN PARA POBLACIÓN VULNERABLE


DEFENSA JUDICIAL


Informes sobre las demandas contra la entidad incluyendo:

Número de demandas, Estado, Cuantía, Riesgo

Solo aplica a las entidades públicas, de acuerdo la normatividad que rige la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Artículo 2 del Decreto 4085 de 2011, ademas el Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas.  No es ente sometido a la Ley 87 de 1993 ni a la Ley 1474 de 2011

Estado en que se encuentra

Solo aplica a las entidades públicas, de acuerdo la normatividad que rige la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Artículo 2 del Decreto 4085 de 2011, ademas el Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona Solo aplica a las entidades públicas, de acuerdo la normatividad que rige la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Artículo 2 del Decreto 4085 de 2011, ademas el Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas.  No es ente sometido a la Ley 87 de 1993 ni a la Ley 1474 de 2011

Pretención o cuantía de la demanda

Solo aplica a las entidades públicas, de acuerdo la normatividad que rige la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Artículo 2 del Decreto 4085 de 2011, ademas el Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas.  No es ente sometido a la Ley 87 de 1993 ni a la Ley 1474 de 2011

Riesgo de pérdida

Solo aplica a las entidades públicas, de acuerdo la normatividad que rige la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Artículo 2 del Decreto 4085 de 2011, ademas el Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas.  No es ente sometido a la Ley 87 de 1993 ni a la Ley 1474 de 2011

GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN MÍNIMA


Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma entidad incluyendo:

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN


Adoptado y actualizado por medio de un acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

NO APLICA. Como lo explica la Procuraduría, dentro de la categoría de datos abiertos se encuentra el Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. Se reitera que en los términos del numeral j) del artículo 6 de la Ley 1712, los datos abiertos son todos aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estandar e interoperables que facilitan su acceso y su reutilización y que están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen funciones públicas, dentro de las cuales no se encuentran las CCF. De igual forma el mencionado Registro se encuentra contemplado o previsto en el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 e indica lo que debe contener dicho registro, al tiempo que establece que todo sujeto obligado, en los términos de la Ley 1712 de 2014 está en el deber de crearlo y mantenerlo actualizado. Con todo, el último inciso del artículo 13 indica que los Registros de Activos de Información deben cumplir con los estandares establecidos por el Ministerio Público y por el Archivo General de la Nación, “en relación con las tablas de retención documental y los inventarios documentales”. Si bien no existe norma o disposición alguna respecto a estándares establecidos por el Ministerio Público, si existen lineamiento acerca de los TRD y de los inventarios documentales por parte del Archivo General de la Nación, al tiempo que mediante los artículos 37 y 38 del Decreto 103 de 2015, se reglamentó dicho requisito. Ahora, frente al tema de gestión documental , se encuentra la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” la cual encuentra aplicación, según su artículo 2°, a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados en dicha ley entre las cuales no se encuentran las Cajas de Compensación Familiar. Por su parte, el Decreto 2609 de 2012, que reglamentó la Ley 954 de 2000, reiteró que dentro de su ámbito de aplicación no se encuentran las CCF. Finalmente debe advertirse que no existe reglamentación alguna aplicable a las CCF que establezca la forma como debe cumplirse tal disposición de acuerdo con la información especial y sensible que manejan las Cajas.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA


El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:

Adoptado y actualizado por medio de un acto administrativo o un documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Por la naturaleza privada de las CCF estas no expiden actos administrativos

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN


Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar la información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas

NO APLICA. Como lo explica la Procuraduría, dentro de la categoría de datos abiertos se encuentra el Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. Se reitera que en los términos del numeral j) del artículo 6 de la Ley 1712, los datos abiertos son todos aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estandar e interoperables que facilitan su acceso y su reutilización y que están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen funciones públicas, dentro de las cuales no se encuentran las CCF. De igual forma el mencionado Registro se encuentra contemplado o previsto en el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 e indica lo que debe contener dicho registro, al tiempo que establece que todo sujeto obligado, en los términos de la Ley 1712 de 2014 está en el deber de crearlo y mantenerlo actualizado. Con todo, el último inciso del artículo 13 indica que los Registros de Activos de Información deben cumplir con los estandares establecidos por el Ministerio Público y por el Archivo General de la Nación, “en relación con las tablas de retención documental y los inventarios documentales”. Si bien no existe norma o disposición alguna respecto a estándares establecidos por el Ministerio Público, si existen lineamiento acerca de los TRD y de los inventarios documentales por parte del Archivo General de la Nación, al tiempo que mediante los artículos 37 y 38 del Decreto 103 de 2015, se reglamentó dicho requisito. Ahora, frente al tema de gestión documental , se encuentra la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” la cual encuentra aplicación, según su artículo 2°, a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados en dicha ley entre las cuales no se encuentran las Cajas de Compensación Familiar. Por su parte, el Decreto 2609 de 2012, que reglamentó la Ley 954 de 2000, reiteró que dentro de su ámbito de aplicación no se encuentran las CCF. Finalmente debe advertirse que no existe reglamentación alguna aplicable a las CCF que establezca la forma como debe cumplirse tal disposición de acuerdo con la información especial y sensible que manejan las Cajas.

Es Adoptado y actualizado por medio de un acto administrativo o un documento equivalente , de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Por la naturaleza jurídica de las Cajas estas no expiden actos administrativos. La Resolución 004 de 2013 solo aplica para entidades públicas y particulares que prestan función pública.

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL


Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen

Frente al tema de gestión documental , se encuentra la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” la cual encuentra aplicación, según su artículo 2°, a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados en dicha ley entre las cuales no se encuentran las Cajas de Compensación Familiar. Por su parte, el Decreto 2609 de 2012, que reglamentó la Ley 954 de 2000, reiteró que dentro de su ámbito de aplicación no se encuentran las CCF. 

Adoptado y actualizado por medio de actos administrativos o documentos equivalentes de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Frente al tema de gestión documental , se encuentra la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” la cual encuentra aplicación, según su artículo 2°, a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados en dicha ley entre las cuales no se encuentran las Cajas de Compensación Familiar. Por su parte, el Decreto 2609 de 2012, que reglamentó la Ley 954 de 2000, reiteró que dentro de su ámbito de aplicación no se encuentran las CCF. 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL


Adoptado y actualizado por medio de actos administrativos o documentos equivalentes de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Frente al tema de gestión documental , se encuentra la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” la cual encuentra aplicación, según su artículo 2°, a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados en dicha ley entre las cuales no se encuentran las Cajas de Compensación Familiar. Por su parte, el Decreto 2609 de 2012, que reglamentó la Ley 954 de 2000, reiteró que dentro de su ámbito de aplicación no se encuentran las CCF. 

REGISTRO DE PUBLICACIONES


COSTOS DE REPRODUCCIÓN


Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información

Las CCF como entidades de naturaleza privada no emiten actos administrativos

MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS EN RELACIÓN CON OMISIONES O ACCIONES DEL SUJETO OBLIGADO

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:

HABEAS DATA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

DATOS ABIERTOS

(www.datos.gov.co)  ver video 

Según el vídeo del portal www.datos.gov.co solo se permite a entidades públicas poner a disposición un grupo de datos, por lo que la Caja de compensación siendo una corporación de carácter privado reconocida en el artículo 39 de la Ley 21 de 1.982, no le aplica toda vez que es persona jurídica organizada como Corporación en los términos previstos en el artículo 633 del Código civil.

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTRAS PUBLICACIONES


CONVOCATORIAS


Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.
PREGUNTAS FRECUENTES


GLOSARIO


NOTICIAS


CALENDARIO DE ACTIVIDADES


INFORMACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


INFORMACIÓN ADICIONAL


PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN

Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP

Como se desprende del artículo, las disposiciones sólo son aplicables frente a las entidades que estén sometidas al régimen de contratación estatal y, en consecuencia, deben publicar su proceso contractual en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP).

Las CCF no están sometidas al régimen de contratación estatal, dado su régimen privado, porque no administran recursos públicos previstos en el Presupuesto General de la Nación y tampoco están dentro de la categoría de particulares que cumplen funciones públicas. Al respecto cabe mencionar lo siguiente:

– De conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República tiene la facultad exclusiva de expedir el estatuto general de la contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional.

– El Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP) es un componente del estatuto general de la Administración Pública, que fue creado por el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, la cual introdujo modificaciones a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).

– De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto-ley 4170 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, la Contratación Pública es toda aquella en la cual participe una entidad estatal.

– Por ende, la obligación legal de publicar los procesos de contratación en el SECOP, recae única y exclusivamente en las entidades estatales. En este sentido, la expresión “dineros públicos” contenida en el literal c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, debe entenderse que se trata de aquellos recursos propios de las entidades estatales.

– La Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) reitera la anterior premisa, en la medida en que de forma clara y expresa, dispone que corresponde a las entidades cuya contratación esté sometida al régimen de contratación estatal, establecer un vínculo entre el medio electrónico institucional y el SECOP a través del cual pueda accederse directamente a la información referente a determinado proceso contractual. 

Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Como se desprende del artículo, las disposiciones sólo son aplicables frente a las entidades que estén sometidas al régimen de contratación estatal y, en consecuencia, deben publicar su proceso contractual en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP).

Las CCF no están sometidas al régimen de contratación estatal, dado su régimen privado, porque no administran recursos públicos previstos en el Presupuesto General de la Nación y tampoco están dentro de la categoría de particulares que cumplen funciones públicas. Al respecto cabe mencionar lo siguiente:

– De conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República tiene la facultad exclusiva de expedir el estatuto general de la contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional.

– El Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP) es un componente del estatuto general de la Administración Pública, que fue creado por el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, la cual introdujo modificaciones a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).

– De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto-ley 4170 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, la Contratación Pública es toda aquella en la cual participe una entidad estatal.

– Por ende, la obligación legal de publicar los procesos de contratación en el SECOP, recae única y exclusivamente en las entidades estatales. En este sentido, la expresión “dineros públicos” contenida en el literal c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, debe entenderse que se trata de aquellos recursos propios de las entidades estatales.

– La Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) reitera la anterior premisa, en la medida en que de forma clara y expresa, dispone que corresponde a las entidades cuya contratación esté sometida al régimen de contratación estatal, establecer un vínculo entre el medio electrónico institucional y el SECOP a través del cual pueda accederse directamente a la información referente a determinado proceso contractual. 

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Las disposiciones sólo son aplicables frente a las entidades que estén sometidas al régimen de contratación estatal y, en consecuencia, deben publicar su proceso contractual en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP).

Las CCF no están sometidas al régimen de contratación estatal, dado su régimen privado, porque no administran recursos públicos previstos en el Presupuesto General de la Nación y tampoco están dentro de la categoría de particulares que cumplen funciones públicas. Al respecto cabe mencionar lo siguiente:

– El Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP) es un componente del estatuto general de la Administración Pública, que fue creado por el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, la cual introdujo modificaciones a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).

– De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto-ley 4170 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, la Contratación Pública es toda aquella en la cual participe una entidad estatal.

– Por ende, la obligación legal de publicar los procesos de contratación en el SECOP, recae única y exclusivamente en las entidades estatales. En este sentido, la expresión “dineros públicos” contenida en el literal c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, debe entenderse que se trata de aquellos recursos propios de las entidades estatales.

– La Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) reitera la anterior premisa, en la medida en que de forma clara y expresa, dispone que corresponde a las entidades cuya contratación esté sometida al régimen de contratación estatal, establecer un vínculo entre el medio electrónico institucional y el SECOP a través del cual pueda accederse directamente a la información referente a determinado proceso contractual.

Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP)

Las disposiciones sólo son aplicables frente a las entidades que estén sometidas al régimen de contratación estatal y, en consecuencia, deben publicar su proceso contractual en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP).

Las CCF no están sometidas al régimen de contratación estatal, dado su régimen privado, porque no administran recursos públicos previstos en el Presupuesto General de la Nación y tampoco están dentro de la categoría de particulares que cumplen funciones públicas. Al respecto cabe mencionar lo siguiente:

– El Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP) es un componente del estatuto general de la Administración Pública, que fue creado por el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, la cual introdujo modificaciones a la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).

– De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto-ley 4170 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, la Contratación Pública es toda aquella en la cual participe una entidad estatal.

– Por ende, la obligación legal de publicar los procesos de contratación en el SECOP, recae única y exclusivamente en las entidades estatales. En este sentido, la expresión “dineros públicos” contenida en el literal c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, debe entenderse que se trata de aquellos recursos propios de las entidades estatales.

– La Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) reitera la anterior premisa, en la medida en que de forma clara y expresa, dispone que corresponde a las entidades cuya contratación esté sometida al régimen de contratación estatal, establecer un vínculo entre el medio electrónico institucional y el SECOP a través del cual pueda accederse directamente a la información referente a determinado proceso contractual

TRANSPARENCIA PASIVA

NOTIFICACIONES JUDICIALES

CORREO PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES

juridico@comfaputumayo.com

Nota:”EL RECIBIDO SE REALIZA DE FORMA PERSONAL EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS EN LOS HORARIOS ESTIPULADOS”

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Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas de intérés para la ciudadanía y que no cuentan con algún tipo de reserva o secreto comercial
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DIRECTORIO DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, SERVIDORES JUDICIALES, CONTRATISTAS Y EMPLEADOS


Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.
Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

DIRECTORIO DE ENTIDADES


Listado de entidades que integran el sector, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir
DIRECTORIO DE AGREMIACIONES, ASOCIACIONES Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS


Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales
OFERTAS DE EMPLEO


PLANEACIÓN

POLÍTICAS, LINIAMIENTOS Y MANUALES

Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales
Plan Antitrámites

Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. No diseña, ni ejecuta políticas públicas. No es por tanto sujeto sometido a las Leyes 489 de 1998 y 1474 de 2011. El Plan de Acción Unificado está previsto en el artículo 74 de la Ley 1474, el cual sólo aplica para las entidades públicas. Las CCF no tienen esta naturaleza y por tanto no se les aplica este numeral. De igual forma, dado que las Cajas también se guían bajo criterios comerciales o los propios de su función, al tiempo que están inmersas también en un ámbito de competencia, obligar a las CCF a revelar cualquier plan o forma de cumplir sus funciones, incluso las inversiones que pretende hacer, implicaría revelar secretos comerciales, industriales y profesionales, circunstancia que está dentro de las excepciones previstas en el artículo 18 para revelar información.

PLAN DE ACCIÓN /GASTO PÚBLICO

El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011

Adoptado y actualizado por medio de un acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

NO APLICA. Como lo explica la Procuraduría, dentro de la categoría de datos abiertos se encuentra el Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. Se reitera que en los términos del numeral j) del artículo 6 de la Ley 1712, los datos abiertos son todos aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estandar e interoperables que facilitan su acceso y su reutilización y que están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen funciones públicas, dentro de las cuales no se encuentran las CCF. De igual forma el mencionado Registro se encuentra contemplado o previsto en el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 e indica lo que debe contener dicho registro, al tiempo que establece que todo sujeto obligado, en los términos de la Ley 1712 de 2014 está en el deber de crearlo y mantenerlo actualizado. Con todo, el último inciso del artículo 13 indica que los Registros de Activos de Información deben cumplir con los estandares establecidos por el Ministerio Público y por el Archivo General de la Nación, “en relación con las tablas de retención documental y los inventarios documentales”. Si bien no existe norma o disposición alguna respecto a estándares establecidos por el Ministerio Público, si existen lineamiento acerca de los TRD y de los inventarios documentales por parte del Archivo General de la Nación, al tiempo que mediante los artículos 37 y 38 del Decreto 103 de 2015, se reglamentó dicho requisito. Ahora, frente al tema de gestión documental , se encuentra la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones” la cual encuentra aplicación, según su artículo 2°, a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados en dicha ley entre las cuales no se encuentran las Cajas de Compensación Familiar. Por su parte, el Decreto 2609 de 2012, que reglamentó la Ley 954 de 2000, reiteró que dentro de su ámbito de aplicación no se encuentran las CCF. Finalmente debe advertirse que no existe reglamentación alguna aplicable a las CCF que establezca la forma como debe cumplirse tal disposición de acuerdo con la información especial y sensible que manejan las Cajas.

Presupuesto desagregado con modificaciones

  El literal e) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 , hace referencia a la Ley 1474 de 2011, la cual es aplicable a las entidades públicas. Así mismo la norma reitera que la información correspondiente debe publicarse de conformidad con el “formato de información de servidores públicos y contratistas” circunstancia que impide su aplicabilidad, por obvias razones, a las CCF.

Así mismo, de conformidad con el artículo 3° del Decreto 1510 de 2013 el Plan Anual de Adquisiciones “es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de este Decreto”. Como se observa, no existe obligación para las CCF de elaborar el denominado Plan y por tanto no están en la obligación de publicarlo.

Se reitera que la contratación que hacen las Cajas no se hace con recursos que provienen del Presupuesto General de la Nación y, por tanto no puede concluirse que son recursos públicos.

Finalmente, no existe obligación legal para que las CCF publiquen su información contractual en el SECOP

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN

METAS,OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN Y/O DESEMPEÑO

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.
PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS

Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

Sujetos que pueden participar.

Comfamiliar Putumayo es una corporación de carácter privado que administra recursos públicos , supervisada por la Superintendencia del Subsidio Familiar la cual es el ente competente  para llevar a cabo este tipo de control de participación ciudadana toda vez que la Caja no elabora ni participa en la consolidación de alguna política pública por ello no es competente para esta actividad de participación ciudadana y de ahí que la competencia recaiga en el Ministerio de Trabajo y de modo descentralizado en la SSF, en este sentido se debe entender que el ámbito de aplicación es único de entes públicos.

Sujetos que pueden participar.

En virtud que Comfamiliar Putumayo, es una corporación de carácter privado como lo enmarca el artículo 39 de la Ley 21 de 1982 no le compete poner a disposición ningún canal de atención para fines de la formulación de políticas públicas, por ende, los canales de atención deben ser puestos por los entes supervisores de la Caja de Compensación o en el Gobierno Nacional.

Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

En virtud que Comfamiliar Putumayo, es una corporación de carácter privado como lo enmarca el artículo 39 de la Ley 21 de 1982 no le compete haber asignado dentro de sus actividades este tipo de responsabilidades toda vez que NO es un ente público que formule políticas públicas y de ahí que no tenga la responsabilidad de brindar estos espacios en específico por su naturaleza y alcances.

INFORMES DE EMPALME

Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial

Artículo 39 de la Ley 21 de 1982 persona jurídica de derecho privado, organizada como Corporación en la forma prevista en el Código Civil. No pertenece a ninguna de las ramas del poder público, por lo tanto no hace parte de ningún sector de la administración pública. 

TRÁMITES Y SERVICIOS

CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

¿La entidad ha divulgado información y elaborados formatos alternativos en respuesta a las solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país distintas a las peticiones propias de los registros públicos que manejan las cámaras de comercio?

Comfamiliar Putumayo no ha originado este tipo de material o herramienta en el entendido que no se ha interpuesto ninguna solicitud de información por ninguna autoridad o grupo étnico o cultural del Pais como lo enmarca el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 , toda vez que la Caja viene actuando de modo trasparente y responsable en el desarrollo de sus actividades ,y en ese sentido no ha correspondido la obligación.

¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?